El pasado lunes 17 de enero comenzó un nuevo paro en la comercialización de cereales y oleaginosas en Argentina impulsada por la mesa de enlace que nuclea las cuatro principales asociaciones de productores agropecuarios del país: La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y CONINAGRO.
Los mayores reclamos que alentaron la protesta se basan principalmente en dos: por un lado el rechazo a los cupos de exportación establecidos por el gobierno, aunque no siempre se expresa abiertamente, y por otro la posibilidad de acceso al precio pleno del trigo por parte de los productores, especialmente a los que poseen menor poder de negociación frente a las empresas multinacionales como son los pequeños y medianos productores.
Tomando como punto de partida el primer reclamo, es útil hacer una breve reseña de la función que tienen los cupos de exportación.
El establecimiento de cupos a la exportación sobre bienes de primera necesidad como es el trigo, tiene como objetivo regular el abastecimiento del mercado interno. Es decir, una vez asegurado el abastecimiento del mercado interno, el saldo producido por encima del cupo puede venderse al mercado internacional.
Si no existiera esta regulación, el precio interno del trigo sería determinado por el mercado internacional y aún siendo un país productor de este bien, pagaríamos por el pan un precio establecido por variables externas. Esto resulta más peligroso en el contexto actual post crisis mundial donde los flujos internacionales de capital se refugian en este tipo de commodities y su precio no refleja necesariamente la escasez del producto.
En nuestro país, los cupos se instrumentan a través de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONNCA), donde deben presentarse las solicitudes de permisos de exportación, para esto deben adelantarse fondos de las retenciones y luego se procede a la comercialización.
Entonces, la función del establecimiento de cupos no es otra más que atender el mercado interno asegurando su abastecimiento y así también se regula el precio del trigo y sus derivados. Es decir que esta medida apunta a defender el bolsillo de los consumidores nacionales, al controlar el precio que pagamos por el pan que tenemos en nuestra mesa.
En segundo lugar, otra de las banderas que levanta la mesa de enlace es la necesidad que tiene el pequeño productor de poder acceder al precio pleno del trigo que produce.
Cuando hablamos de precio pleno, nos referimos al precio de exportación menos las retenciones y costos de embarque. A primera vista el reclamo parece razonable, pero si investigamos un poco más como se compone la cadena de comercialización en nuestro país, salen a la luz otras cuestiones que al menos resultan contradictorias.
Los productores asociados a la Federación Agraria y a Coninagro, siendo en su mayoría pequeños y medianos, debería poder acceder al precio pleno por sus granos a través de sus patas exportadoras: Agricultores Federados Argentinos (AFA) vinculada a la Federación Agraria y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) vinculada a Coninagro .
Ambas empresas poseen una amplia capacidad de acopio y exportación, por lo cual no debería ocurrir que estas empresas perjudiquen a sus propios cooperativistas pagando un precio inferior al pleno. Es decir, si el reclamo al gobierno se dirige a la posibilidad de acceso a este precio, las mismas empresas exportadoras de aquellos que encabezan la protesta deberían cumplir con este precio y no perjudicar a sus propios productores.
La realidad muestra que estas empresas realizan las mismas prácticas abusivas que las multinacionales como Cargill hacen con los productores más indefensos y con bajo poder de negociación pagando por la producción precios inferiores al pleno. Según declaraciones Fabián Francioni, intendente de Leones, ambas empresas abonan a los productores precios inferiores al denominado precio pleno que reclama la mesa de enlace.
Esta situación nos deja entrever que el objetivo del lock out al menos en sus “lideres” no sería verdaderamente la reivindicación del pequeño productor sino más bien una muestra del poder económico y de intenciones políticas de fondo.
Ahora bien, ya pasamos revista sobre los “reclamos” de la mesa de enlace, veamos que otras políticas ha tomado este gobierno sobre los productores de trigo.
La política para el sector gira básicamente alrededor de los siguientes puntos: En primer lugar se apunta al cuidado del suelo y su rotación con otros cultivos como el maíz, trigo, soja y girasol. El segundo punto es el logro de la siembra de trigo por parte de todos los productores que deseen hacerlo, especialmente en las zonas afectadas por la sequía en el sudoeste de Buenos Aires, para esto se creó el fondo rotatorio para el financiamiento a tasa cero para la compra de semillas y gasoil. En tercer lugar se buscó garantizar un mercado para la producción, con este objetivo se abrieron cinco consejerías agrícolas. También se facilitó el financiamiento a tasa cero para los productores a través de créditos del Banco Nación para costear las erogaciones que implican retener la producción a fin de no vender a un precio inferior al pleno.
Con las políticas mencionadas y el logro de un contexto macroeconómico estable, los objetivos requeridos por el sector se están cumpliendo. Esto refleja una vez más que las verdaderas intenciones del paro impulsado por la mesa de enlace tienen un trasfondo político más que de reivindicaciones sectoriales.
Existe claramente una decisión política de este gobierno de apoyar a los productores y de fomentar la industrialización de la producción primaria para lograr una mayor generación de valor agregado a nuestros productos. No olvidemos que hace una década el sector agropecuario se encontraba desvastado y la mayor parte de los campos estaban siendo rematados.
En palabras del titular del INTA Rodolfo Casamiquela, el mediano productor tuvo este año una rentabilidad que supera en 40% la media histórica del sector. La cosecha de este año es el doble que la de 2009, sin embargo aparecen reclamos vinculados al precio de comercialización, pero este año hay 14 millones de toneladas, el país consume 7 millones, es decir que la mitad es saldo exportable.
En conclusión, los reclamos que originaron el lock out agropecuario que finaliza hoy, tal como los plantea desde la mesa de enlace, quedan al menos sin sustento en la realidad y si bien hay mucho trabajo por hacer, enumeramos algunas políticas activas que se están realizando en beneficio de los pequeños productores y consumidores de nuestro país.
No hay que olvidarse que el Estado debe articular los intereses de todos los habitantes y no sólo los de un grupo de poder concentrado.
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