A partir de una investigación que consta de 26.000 fojas, realizada por una comisión investigadora constituida al efecto, la mandataria denunció la apropiación ilegal de la papelera, en 1976, por parte de los accionistas privados Clarín, La Nación y La Razón en connivencia con los responsables de la última dictadura militar. Fernández de Kirchner instruyó al procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a presentar las demandas judiciales que correspondan. “Después de leer este informe, me quedó un sabor amargo y la certeza de que existe un poder que está por encima de la primera magistratura. Desde hace décadas que existe un poder que intenta subordinar al Estado a sus intereses. Esto lo pude ver en todo el expediente. Lamento decirle a ese poder que no seré funcional a sus intereses”, manifestó la Presidenta, en un claro mensaje hacia las empresas involucradas dentro del informe. Por otro lado, la mandataria anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley para crear un nuevo marco regulatorio para la producción, distribución y comercialización del papel para diarios, declarando esta actividad como un servicio público.
“En un editorial del domingo pasado, Clarín publicó que ‘el Gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa’. En abogacía tenemos un dicho, a confesión de partes, relevo de pruebas. O lo que en psicología se llama proyección. Uno infiere que quien controla el papel, controla la palabra. Papel Prensa (cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación) es una empresa monopólica. Por eso coincido con lo que dice el multimedio”, afirmó, con ironía, Fernández de Kirchner.
La segunda denuncia de la Presidenta estuvo relacionada con un pacto de sindicalización, firmado por Héctor Magnetto, BartoloméMitre y Patricio Peralta Ramos. “Era el corazón de la toma de decisiones dentro de Papel Prensa. Se comprometían a actuar en conjunto, a tener siempre la misma posición y lo más grave de todo, no podían adoptar medidas que perjudicaran a ninguna de las empresas controlantes”, argumentó Fernández de Kirchner.
A partir de este “pacto de sindicalización”, el Estado denunció que Papel Prensa le cobraba un precio diferencial a sus accionistas privados, en detrimento de los diarios del interior. Este pacto fue comunicado a la CNV recién este año. De todas maneras, el Ejecutivo encontró pruebas de su existencia en la Inspección General de Justicia, dentro del expediente sobre la quiebra de La Razón.
Para evitar un nuevo “pacto”, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para declarar como servicio público la producción, distribución y comercialización del papel para diarios. El objetivo central de esta normativa buscará darle un trato igualitario a todos los diarios del país. A su vez, buscará ampliar la capacidad de producción de Papel Prensa para que no haya más importación. Con esta jugada, la Presidenta obligará a todo el arco opositor a discutir sobre un proyecto esencial “para la libertad de prensa”, tal como fue definido por la propia mandataria. También se propondrá la creación de una comisión bicameral de control.
“Con la Justicia por un lado, y el Parlamento por el otro, estamos confiados en que la democracia pueda pasar esta prueba. Queremos una democracia sin tutelaje y una sociedad sin miedo”, concluyó la mandataria.
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